Control Político
La legítima función de vigilancia y control se ha confundido con la eliminación moral del contradictor.
El control político es una de las expresiones más vivas de la democracia. Gracias a esta función, ejercida por las corporaciones públicas, la ciudadanía, las veedurías y la sociedad en general, se mantiene un escrutinio efectivo sobre la institucionalidad.
Mediante el control político se ponen en evidencia actuaciones que afectan negativamente a la ciudadanía, decisiones que podrían mejorarse, problemas que requieren miradas diversas y, sobre todo, se previenen situaciones que no generan valor social.
Sin embargo, en nombre del control político, Colombia atraviesa hoy una distorsión preocupante: ¿es el control político una licencia para mancillar el buen nombre de los funcionarios públicos? ¿Se ha convertido en un cheque en blanco para humillar a los contradictores?
Según la Constitución Política, la respuesta es clara: NO. El control político debe ejercerse dentro de los límites de la Constitución y la ley, orientado al interés general, al respeto de la dignidad humana y sin extralimitación en el ejercicio de las funciones (artículos 1.º, 6.º y 114).
Para construir una democracia sólida se necesita contradicción, debate franco, pluralidad de puntos de vista y construcción en la diferencia.
Pero contradicción no es humillación, debate no es irrespeto, divergencia de opiniones no equivale a satanizar al otro, y construir en la diferencia no puede traducirse en la eliminación del contradictor.
La función principal al final del día del servicio público es ayudar a los ciudadanos, es transformar su vida, en sumar en derechos, en generación de oportunidades y a pesar de las diferencias es construir en plural por el bien común.
Los funcionarios públicos de cualquier ideología u orilla política tenemos la responsabilidad de trabajar por nuestro país.
Cumplamos con la Constitución y la ley.
*Publicación realizada en el Diario Occidente